En abril de 2009, la Unión Europea a través de su Directiva 2009/28/CE estableció una serie de disposiciones que serían importantes para las exportaciones de biocombustibles de Argentina (EUROPEAN UNION, 2009). Estipulaba que para el 2020, el 20% de la matriz energética europea debía consumir energías renovables, y de este porcentaje, un 10% debía estar cubierto por el consumo del sector de transporte. Si bien esto generaba expectativas comerciales para esta industria, esta Directiva dispuso que para su importación debían cumplir con un requisito imprescindible: reducir al menos un 35% de gases de efecto invernadero. Este límite sería extendido en los años siguientes, un 50% para 2017 y un 60% para 2018. Esta disposición contaba  con un listado anexo en el que se estipulaba cuánto era la reducción de cada tipo de biocombustibles, a  cada uno se le adjudicaba un determinado “valor establecido”. En el caso de Brasil esto no trajo inconvenientes porque el caso del etanol estaba muy por arriba del piso estipulado. No fue así el caso de Argentina, país vecino y también miembro de MERCOSUR y UNASUR, que estaba siendo directamente perjudicado por la normativa europea. En dicho anexo se asignó al biodiesel producido a partir de soja, una reducción del 31% por ciento.

Uno de los componentes del cálculo de reducción de gases de efecto invernadero era el impacto indirecto del cambio de uso del suelo. Internamente, la Comisión debería enviar antes del 31 de diciembre de 2010, un informe al respecto al Parlamento y al Consejo, quiénes antes de fin de 2012, deberían pronunciarse sobre este asunto. Lo que tenemos hasta el momento es una Comunicación del 10 de junio de 2010; se trata de la publicación de la Unión Europea sobre los criterios para realizar dicho cálculo y los esquemas de certificaciones que eran reconocidos por ellos para garantizar la sostenibilidad de los biocombustibles (EUROPEAN UNION, 2010).

Días más tarde, una delegación de Argentina viajó a Ispra, Italia, para reunirse con la Unidad de Energías Renovables del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. De acuerdo a las decisiones que habían sido tomadas por la Unión Europea y que perjudicaban a Argentina, esta era un área estratégica. Esta misión tenía un doble objetivo: 1) modificar el porcentaje asignado en la Directiva de 2009, que perjudicaba a la industria argentina de biodiesel y, 2) postergar la inclusión de mediciones sobre el impacto indirecto del uso del suelo en el cálculo de las reducción de gases de efecto invernadero, que potencialmente podría significar un frente de conflicto comercial. En la reunión mantenida, la delegación argentina estuvo compuesta por representantes del sector público y privado, participaron: el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Cámara Argentina de Biocombustibles y la Embajada de Argentina ante la Unión Europea (HILBERT, 2010). La posición asumida buscaba justificar técnicamente la posición Argentina y para esto, utilizaron las estimaciones realizadas por el Programa Nacional de Bioenergía del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,  que atribuían a la producción de este país del Sur un porcentaje de reducción de gases de efecto invernadero del orden del 75% (ARGENTINA. Ministerio de Agricultura, 2010). También se cuestionó la metodología utilizada para el cálculo del impacto indirecto en el uso del suelo, argumentando que todavía no había al respecto un consenso científico a nivel global respecto de las emisiones indirectas. Es por esto que propusieron que se postergara por un lapso de 5 años una decisión al respecto, de forma tal de tener tiempo para alcanzar un consenso científico; y la segunda, que se evaluara la posibilidad de incorporar mecanismo financieros que beneficiaran la conservación de los recursos (Cámara Argentina de Biocombustibles, 2009).

Mientras se espera un pronunciamiento del Parlamento y del Consejo antes del 31 de diciembre de 2012 sobre el impacto indirecto del cambio de uso del suelo, la petición de los valores establecidos de reducción de gases de efecto invernadero por la Directiva de 2009 – que fueron debidamente fundamentados por Argentina – llevaría un procedimiento interno a la Unión Europea que demandaba tiempo; no era una cuestión automática. Los valores asignados se actualizan cada dos años, acompañados de su debida justificación.

Si bien este es un proceso todavía abierto, hasta aquí arribamos a las siguientes conclusiones: a) la relevancia de la política interna en la Unión Europea para las exportaciones de Argentina; b) la existencia de una estrategia común de inserción internacional entre el sector público y el sector privado – conformada a partir de este conflicto comercial con la Unión Europea – que buscaba fomentar las exportaciones de Argentina,  ligado a las grandes escalas de producción; c) la existencia de una desvinculación de los mecanismos regionales de integración como MERCOSUR y UNASUR en la estrategia de defensa de intereses. Por último, si desplazamos el centro de nuestra atención del mercado internacional europeo a la producción en pequeñas escalas, ligadas al autoconsumo, queremos dejar el siguiente interrogante: ¿qué espacios de cooperación a nivel regional pueden generarse para potenciar el autoabastecimiento energético de pequeñas escala?

Documentos
argentina. Ministerio de Agricultura (2010). Argentina demuestra la sustentabilidad de su biodiesel ante la Comunidad Europea. Disponible en  [http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/argentina/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=2253]. Acceso: 27/09/2012.
Cámara Argentina de Biocombustibles (2009). Indirect land use change EC pre-consultation process Argentina document”, Available in: [http://carbio.com.ar/mult/PresentaciondelaCARBIOantelaComisionEuropea.pdf]. Access: 27/09/2012.
EUROPEAN UNION (2010). Commission decisions of  10  June  2010 on  guidelines  for  the  calculation  of  land  carbon  stocks  for  the  purpose  of  Annex  V  to  Directive 2009/28/EC. Available in: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:151:0019:0041:EN:PDF]. Access: 27/092012
EUROPEAN UNION (2009).  Directiva 2009/28/CE del Parlamento europea y del Consejo de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se  derogan  las  Directivas  2001/77/CE  y  2003/30/CE. Disponible en  [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:es:PDF]. Acceso: 27/09/2012.
HILBERT, Jorge (2010). Visita técnica de expertos de la República Argentina a la Unidad de Energías Renovables del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Disponible en:
[http://inta.gob.ar/documentos/visita-tecnica-de-expertos-de-la-republica-argentina-a-la-unidad-de-energias-renovables-del-centro-comun-de-investigacion-de-la-comision-europea/]. Access: 27/092012
 
Cristian Lorenzo es Doctor en Relaciones Internacionales y becario posdoctoral en el Centro Austral de Investigaciones Científicas y Técnicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CADIC-CONICET (clorenzo.ar@gmail.com).

 

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