21/09/2009 
La deposición forzosa del presidente hondureño Manuel Zelaya tuvo intensas repercusiones tanto a nivel local como a nivel regional. Pasados casi tres meses desde el inicio de esa aún no resuelta situación, es ya posible analizarla no sólo retrospectiva como también prospectivamente. Mirando hacia adelante, es posible hacer una conjetura embasada sobre qué pasará en el país en los próximos meses. Mirando, por otro lado, hacia atrás, vale un intento de comprender qué hechos y cuáles actos llevaron a la crisis.
Tratar de hallar a uno o más culpables por la situación es una tarea ardua. Los debates llevados a cabo con ese fin, en medios de comunicación, análisis y grupos de discusión, así como las reacciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, claramente patentizan el hecho de que ese caso, más que cualquier otro en tiempos recientes, ha recibido interpretaciones bastante disparejas, embasadas sobretodo en afinidades y creencias políticas e ideológicas.
Así, por un lado, gran parte de la derecha latinoamericana se ha abstenido de lamentar la destitución de Zelaya y ha preferido referirse al acto no como un “golpe”, sino como un “contragolpe” – por afirmar que el primero golpe lo habría dado el propio Zelaya, contra su pueblo y la constitución de su país. Por otro lado, la mayoría de los sectores de izquierda, al condenar el movimiento que depusiera a Zelaya, han tratado al presidente destituido como un mártir de la democracia, ignorando actos y aspiraciones inconstitucionales del propio mandatario.
Despojándose de todo tipo de ideología y afinidades políticas, hay que se analizar los hechos a la luz simplemente de su legalidad. Más que un golpe de Estado sorpresa, la deposición de Zelaya era algo ya esperado en los días que lo precedieron, dado que el presidente se había ya puesto en confronto directo con todos los demás poderes e instancias institucionales superiores del país. El día de su arresto, Zelaya planeaba realizar un plebiscito con el propósito de revocar la cláusula constitucional que prohíbe la reelección presidencial. Esa consulta popular, sin embargo, había ya sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Ni siquiera el propio partido del presidente apoyaba su plan – elegido por una coalición de derecha, Zelaya se había movido significativamente hacia la izquierda en el medio de su mandato, aproximándose políticamente del presidente venezolano Hugo Chávez.
Para llevar a cabo un análisis legal, se hace necesario tomar el propio texto de la Constitución hondureña. La prohibición contra la reelección presidencial no solo consta explícitamente en el texto, como es además una de sus cláusulas pétreas, por lo tanto irrevocables. Yendo aún más allá, el texto afirma expresamente que “la calidad de ciudadano” hondureño se pierde por “incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”, e indica además que, en el caso de gobernantes y políticos, aquel que “quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.
Lo anterior deja patente que, según la carta magna de Honduras, el propio Zelaya ha, de hecho, tenido responsabilidad por la pérdida de su mandato. Aunque hayan sido miembros del ejército quienes han arrestado y deportado al presidente, así lo hicieron por decreto de la Corte Suprema del país. Roberto Micheletti, que ha tomado el lugar de Zelaya en la presidencia, no era el líder de los golpistas, sino que el presidente del Congreso Nacional, y, por lo tanto, constitucionalmente el primer hombre en la sucesión presidencial (el vicepresidente había renunciado a su cargo en el 2008).
Por supuesto que es posible afirmar que el texto constitucional es demasiado severo. Es aceptable discordarse de su contenido y de su forma tan petrificada. Sin embargo, no cabe aquí evaluarlo, sino que tomarlo como argumento legal para comprobar que la pérdida de poder de Zelaya la preveía la propia Constitución.
Siendo así, ¿por qué razón, entonces, la deposición de Zelaya fue tan unánimemente rechazada internacionalmente? La comunidad internacional no ha reconocido diplomáticamente el gobierno de Micheletti, lo que ha llevado a una condena por las Naciones Unidas, al congelamiento de las relaciones diplomáticas con varios países, a la suspensión de Honduras de la OEA y a algunos cortes en ayuda económica.
Cabe incluso abrir aquí un paréntesis para realzar el posicionamiento de Estados Unidos ante la crisis – o, más bien, la postura sensata de la gestión Obama en relación a la situación hondureña. Justificándose bajo la bandera de la no-intervención – algo que le demandaban fuertemente los propios gobernantes latinoamericanos desde el inicio de su mandato –, Obama ha podido mantener una postura coherente, condenando públicamente al golpe y autorizando retaliaciones políticas contra Micheletti y los miembros de su gobierno y algunas sanciones económicas contra el país, logrando, a la vez, no involucrarse directamente en la reconducción de Zelaya – duro crítico de E.E. U.U. – al poder.
Las causas para el aparentemente unánime respaldo internacional a Zelaya, por lo tanto, se dividen en dos motivaciones principales. Primero, independientemente de las causas que la hayan motivado, la deposición – sobre todo por mano militar – de un presidente democráticamente electo es algo que repercute intensamente, trayendo consigo recuerdos de un pasado no tan remoto en el cual actos de esa naturaleza eran comunes en Latinoamérica. Además, tiene importancia, por supuesto, el peso que se da en la comunidad internacional al rol del Jefe de Estado – y el hecho de que aquellos que han condenado el acto eran ellos propios jefes de estado, habiendo ocurrido, por lo tanto, una identificación incluso a nivel personal. Así, se puede comprender por qué los previos actos inconstitucionales de Zelaya no hayan sido condenados internacionalmente, sino que tratados como temas de soberanía interna, mientras que la respuesta internacional ha sido tan distinta cuando se le sacó del poder a un presidente electo – incluso si ello se realizó por los demás poderes e instituciones políticas de Honduras.
La segunda motivación para la condena al actual gobierno de Micheletti tendrá que ver, eso sí, con la manera como se condujo la destitución. Zelaya ha sido depuesto por el ejército, arrestado en su casa y expatriado, sin derecho a un juicio. El modo como se dio la destitución de Zelaya ha también representado un atentado contra la constitución hondureña, que prevé la obligación del “debido procedimiento legal” y prohíbe la deportación de nacionales.
Los llamados “golpistas”, sin embargo, podrían afirmar que no les había restado remedio, una vez que la Constitución no prevé un procedimiento de impedimento presidencial (impeachment), ni prevé exactamente qué se debería llevar a cabo en el caso de que el presidente fuera encuadrado en la pérdida de poderes políticos.
En ese punto se puede llegar a la conclusión de que, si es cierto que las dos partes – tanto Zelaya como el nuevo gobierno – han violado la legalidad y que ninguna de ellas está “correcta”, esa ambigüedad – es decir, la imposibilidad de señalar un “culpable” para la crisis – solo es posible por faltas intrínsecas del propio texto de la constitución de Honduras.
Aunque se pueda estar de acuerdo que la constitución hondureña tenga considerables incoherencias y que algún tipo de reforma en su texto sería conveniente, es también un hecho que el Presidente no tenía, ni debería de tener, autoridad para, solo y sin el apoyo del Legislativo o del Judiciario, forzar la realización de dichos cambios.
No obstante, la manera como han actuado los “golpistas” ha sido también equivocada, un “disparo en el propio pie”. Si es cierto que la gran mayoría de la populación hondureña estaba en contra de Zelaya – lo que no se puede averiguar tan fácilmente, por no se considerar imparcial la prensa hondureña –, mucho más sabio habría sido seguir los caminos democráticos y legales, permitiendo que el propio pueblo dijera “no” a las proposiciones reformistas del gobernante. Habiendo deportado a Zelaya de la manera como se lo ha hecho, y sin haber logrado convencer a la comunidad internacional de la legalidad de sus actos, el nuevo gobierno ha acabado por transformar al controvertido Zelaya en una víctima, simbolizando no sólo su propia causa, sino la de todos los gobernantes democráticamente electos y depuestos por golpes de Estado.
Mirando, por fin, hacia adelante: si es cierto que el gobierno de Micheletti ha sido un desastre en términos de diplomacia, todavía estando del todo aislado políticamente, hay que admitirse que ha tenido considerable éxito en su plan interno – el de “ganarse tiempo” hasta que se acercara el periodo originalmente previsto para nuevas elecciones presidenciales. Al fin de agosto arrancaron las campañas para las elecciones que ocurren en noviembre, en la cual no son candidatos ni Micheletti ni, obviamente, Zelaya. Además, ni siquiera hay un sólo candidato o partido que represente al presidente depuesto o que apoye su causa – lo que significa que, no importando sus resultados, ese sufragio no será un “termómetro” del real apoyo o rechazo popular a los eventos recientes ocurridos en el país.
Actualmente, los candidatos en disputa por la presidencia tienen un encargo extra: convencer a la comunidad internacional a apoyar el resultado de las elecciones. No siendo conveniente a los demás países la manutención de la situación de aislamiento de Honduras, es probable que, no habiendo mayores disturbios en las elecciones y siendo ellas consideradas justas y libres, la situación de Honduras vuelva a estabilizarse con la elección de un nuevo gobernante ya en noviembre próximo – y se recuerde la “crisis política del 2009” tan solo como un hito más del quiebre de constitucionalidad e institucionalidad en la historia de Latinoamérica.
Rodrigo Wiese Randig é Membro do Programa de Educação Tutorial em Relações Internacionais da Universidade de Brasília – PET-REL e do Laboratório de Análise em Relações Internacionais – LARI (rodrigorandig@gmail.com).
Todo lleva a ser perpetuo como los Venezolanos democraticamente eligieron un dictador; observaron la forman como estas elecciones fueron realizadas algunos organismos que dieron fallo contra HONDURAS sin consultar sus articulos petreos y sabemos porque fueron redigidos petreos, la ideosincrasia de los pueblos es unica ya no existen los paquetes economicos cuyos prestamos y las pretenciones de estos eran simplemente estar sobre su dominio.muchos no conozen el pacto de san paulo por las izquierda democraticas para usurpar del poder la derecha colombiana(señor URIBE)mas es democratico; soym HONDUREÑO y todo lo aqui redigido por el señor Rodrigo Weise Rading es lo que mas esta serca de la realidad, es incostitucional la democrasia o los tribunales solo fallan para si.
Apenas para mostrar que “outra argumentação — jurídica — é possível”:
Um jurista partidário de Zelaya poderia dizer que as ações do presidente não visavam especificamente à modificação de dispositivo constitucional referente à reeleição, mas sim à modificação da constituição, de maneira a adequá-la aos novos tempos. Poderia dizer que o processo de modificação se daria de maneira necessariamente difícil para qualquer presidente, em vista das “cláusulas de eternidade”. Poderia argumentar que, paradoxalmente, ao tentar criar estabilidade, essas cláusulas podem ser destabilizadoras, transformando questões de reforma constitucional em questões de sucessão constitucional. Poderia dizer que os atos do presidente não era inconstitucionais, senão tentativas legítimas de modificar uma realidade normativa que não se adequava mais à realidade, e que suas ações não poderiam ser lidas de maneira tão estreita a ponto de vedar até mesmo as tentativas nesse sentido. etc. etc.
A propósito: é pertinente introduzir na discussão a questão das cláusulas pétreas. De certa forma, toda constituição é uma tentativa de escravizar parcialmente as forças políticas vigentes no momento T-1 às forças políticas vigentes no momento T-0. Entende-se que isso é bom, pois estabiliza as democracias em torno de algumas normas e princípios (e valores, se você quiser) que não convém deixar à disponibilidade de maiorias ocasionais. O problema é “dosar” essa escravização voluntária a decisões e compromissos firmados no passado…
Ora, no caso da Constituição de Honduras, ela foi pouco sábia, quando introduziu “cláusulas pétreas” em questões tão sensíveis. Os críticos mais severos de Zelaya se esquecem que qualquer presidente ou força política importante que queira modificar a Constituição hondurenha será confrontada com a mesma perplexidade: a não ser que esperemos da constituição hondurenha a permanência das pirâmides ou do Fidel, devemos atentar para o fato de que a única forma de mudar uma cláusula de eternidade — leia-se, uma cláusula que expressamente veda tentativas de mudança — é, bem, realizando uma tentativa de mudança, hehehe, exatamente como o pobre vivente tentou fazer antes de ser chutado de pijamas para fora do país..
Daí que é recomendável uma leitura bem restrita desse tipo de cláusula, quando menos para evitar paradoxos auto-referenciais mesquinhos e nefandos aos quais elas nos convidam cantando.
De fato, os problemas dogmáticos que cercam cláusulas de “eternidade” (como chamam os detratores) rendem pano pra manga e já fez bons constitucionalistas queimarem alguns neurônios ou perderem fios de cabelo matutando sobre ele, conforme se depreende de um trecho do texto “Controle de Constitucionalidade”, do presidente do STF, ministro Gilmar Mendes (prestar atenção especialmente ao último parágrafo:
“Assim, ninguém poderá negar a qualidade de preceitos fundamentais da ordem constitucional aos direitos e garantias individuais (art. 5o, dentre outros). Da mesma forma, não se poderá deixar de atribuir essa qualificação aos demais princípios protegidos pela cláusula pétrea do art. 60, § 4o, da CF: o princípio federativo, a separação de Poderes o voto direito universal e secreto.
Por outro lado, a própria Constituição explicita os chamados “princípios sensíveis”, cuja violação pode dar ensejo à decretação de intervenção federal nos Estados-membros (art. 34, VII). É fácil de ver que a amplitude conferida às cláusulas pétreas e a idéia de unidade de Constituição (Einheit der Verfassung) acabam por colocar parte significativa da Constituição sob a proteção dessas garantias. Tal tendência não exclui a possibilidade de um engessamento da ordem constitucional, obstando à introdução de qualquer mudança de maior significado.
Daí afirmar-se, correntemente, que tais cláusulas hão de ser interpretadas de forma restritiva.
Essa afirmação simplista, ao invés de solver o problema, pode agravá-lo, pois a tendência
detectada atua no sentido não de uma interpretação restritiva das cláusulas pétreas, mas de uma interpretação restritiva dos próprios princípios por elas protegidos.
Essa via, ao invés de permitir um fortalecimento dos princípios constitucionais contemplados nas garantias de eternidade, como pretendido pelo constituinte, acarreta, efetivamente, seu enfraquecimento.
Assim, parece recomendável que eventual interpretação restritiva se refira à própria garantia de eternidade sem afetar os princípios por ela protegidos.
De fato, a bela análise realizada no texto perde parte de seu lustro em virtude de certo fetichismo pela interpretação “literal”, que demonstra uma crença ingênua na existência de soluções dogmáticas “fáceis” para soluções difíceis — quando na verdade sabemos que as soluções possíveis são várias, e não prescindem de um certo enfiar consciente dos pés em lamas ideológicas.
Para tornar mais claro esse ponto, vou transcrever um trecho significativo do texto
Aunque se pueda estar de acuerdo que la constitución hondureña tenga considerables incoherencias y que algún tipo de reforma en su texto sería conveniente, es también un hecho que el Presidente no tenía, ni debería de tener, autoridad para, solo y sin el apoyo del Legislativo o del Judiciario, forzar la realización de dichos cambios.
Ora, primeiro o autor nos disse que a questão jurídica era fácil, tão fácil que sequer passava por ideologia, dada a suposta “clareza” da constituição hondurenha nesse ponto. Em seguida, no trecho que grifei, a gente vê o preço da suposta “facilidade” da solução “não-ideológica” proposta: enfia a realidade em uma cama procustiana, antes mesmo de testarmos todo o arsenal de técnicas dogmáticas e sofísticas à disposição do bom jurista.
De maneira que reitero o que já disse: não existem soluções jurídicas “fáceis” para questões complexos, simplesmente porque questões de direito, por demandarem soluções “prudenciais”, acabam incorporando em sua própria formulação parte da aspereza do “abacaxi” que visam “decascar”. Se alguém nos apresenta uma resposta fácil (e logo inadequada) para uma questão jurídica complexa, devemos ato-contínuo retorquir: estamos falando das mesmas questões e problemas, cara pálida? Ou sua navalha ocammiana não cortou fundo demais, destruindo o próprio coração do problema que queríamos abordar?
De resto, achei o texto excelente: parabéns ao autor.
Abraços!
Prezado Rodrigo,
Estimo-o bastante, mas sinto-me no dever de apontar o que me parecem problemas em seu texto:
1. Neste texto publicado na Folha, Pedro Serrano, prof. de Direito Constitucional da PUC-SP, explica que, com base numa interpretação sistemática da Constituição (e a interpretação de uma norma não pode ser feita senão à luz do sistema), ela não justifica a atuação da Suprema Corte, que foi sim protagonista de um golpe: http://democraciapolitica.blogspot.com/2009/09/constituicao-hondurenha-nao-justifica-o.html
Concordo inteiramente com ele. Acrescento que o fato de militares terem apenas executado a decisão não tira o caráter de golpe. Não é preciso ser militar pra ser golpe.
2. Sua análise não é desideologizada. Há uma série de premissas ideológicas embutidas. Por exemplo, a opção pelo positivismo jurídico estatalista como critério para definir o que é fonte de direito numa sociedade já é uma escolha fortemente ideológica. Qual seria outra opção? Veja, por exemplo, o que diz Rodrigo Santaella (http://brasiledesenvolvimento.wordpress.com/2009/09/27/divagacoes-hondurenhas/):
“É preciso entender aqui que a constituição vigente em Honduras foi escrita, digamos, a quatro mãos, em parceria com os Estados Unidos de Reagan em 1983, e tem alguns artigos pétreos. Entre estes, estão a manutenção do modelo de democracia, com referências claras à participação popular, a organização da justiça, a não reeleição, entre outras coisas. A consulta seria justamente para decidir a mudança desses pontos pétreos. A questão é que, como são pétreos, a modificação deles é anticonstitucional e não pode ser feita de dentro do Estado. Não existem instrumentos para isso, já que a simples proposição de mudança nesses pontos já é considerada ilegal. A fórmula à qual recorreu o governo hondurenho foi a de convocar uma consulta popular e apoiar a consulta a partir da presidência. A partir daí se trabalharia, com um pouco mais de legitimidade, para reformular toda a constituição hondurenha.”
A validade do Direito, para o Constitucionalismo Democrático, funda-se não só em sua legalidade, mas também na sua legitimidade. O legal só é legal se for legítimo, e o legítimo só é legítimo se for legal; a Constituição só é constitucional se for democrática, e a democracia só é democrática se for constitucional. Esse equilíbrio é que funda o Estado Democrático de Direito. (Esse é o paradigma constitucional dominante no mundo todo. Cito alguns autores que, embora grandes divergências entre si, concordam quanto a essas linhas gerais: Paulo Bonavides, Jürgen Habermas, Ronald Dworkin, Peter Häberle, Friedrich Müller, Michel Rosenfeld, Menelick de Carvalho Netto, Frank Michelman…).
Ou seja, Constituição e Democracia fundamentam-se uma na outra reciprocamente, e quando deixam de fazê-lo, perdem validade. Por isso, a análise do texto da Constituição é indispensável, mas insuficiente. Uma Constituição é mais do que um texto, é um processo social, que deve ser analisado como tal. Por vezes, só é possível realizar a democracia (e portanto a Constituição, no sentido material que lhe dá o constitucionalismo) por meio da ruptura com a ordem legal vigente. É o caso, por exemplo, de toda ruptura com uma ordem autoritária. Do ponto de vista da legalidade da ordem autoritária, a ruptura seria antijurídica; no entanto, a ruptura passa a ser jurídica quando se assume um ponto de vista democrático.
Não estou dizendo que nesse caso de Honduras a atuação de Zelaya enquadre-se nessa ruptura com o autoritarismo e busca de avançar na democracia. Estou dizendo que um elemento que deve necessariamente ser levado em conta numa análise constitucional é o contexto pragmático de aplicação da norma e do sistema jurídico. Será que é democrática a vedação textual ao debate social sobre a mudança das regras de participação e de estrutura do Estado? Qual a origem dessa vedação? Ela continua justificando-se hoje? Etc. O Rodrigo levantou de passagem alguns desses pontos. Uma análise que os ignora não é desideologizada, ela opta pela ideologia de reduzir o jurídico àquilo que está no texto, fechando-o para a possibilidade de ruptura social (global ou com normas específicas). Repito que não pretendo defender Zelaya aqui (nem atacá-lo), apenas incomoda-me muito a pretensão de que tal tipo de análise não seja ideológica.
Perdão pela maneira um pouco dura de comentar, mas acho que o ambiente científico exige que sejamos francos e estejamos prontos a ouvir críticas…
Abraços,
João Telésforo
Caro Rodrigo Wiese Randig,
parabenizo-o pela excelente abordagem analítica. Seu texto não apenas elucida uma temática há muito recorrente na história latino-americana, mas retrata uma visão perspicaz acerca da mesma.
Att,
Ana Patrícia Batalhone
Rodrigo,
achei sua análise sobre a crise em Honduras muito pertinente e inteligente.
Att.
Carla